Corren malos tiempos
para el acogimiento residencial de menores tutelados por la administración
pública competente en esta materia. Y atravesamos un mal momento no sólo por la
situación económica que tan gravemente nos está afectando en la actualidad, y
nos está condenando parte del futuro, sino también por los cambios que esta
crisis económica puede determinar en la gestión de los recursos residenciales
para la protección de menores tutelados.
Escribo en calidad de Directora
de un Proyecto de Acogimiento Residencial que acoge un total de 89 menores en
Castilla La Mancha, pero sobre todo escribo en nombre de una entidad que lleva
25 años gestionado recursos residenciales con el objetivo de proteger a esos menores.
Precisamente nuestra entidad fue una de las primeras en gestionar pequeños
hogares como alternativa a las grandes residencias de la época.
Desde luego no es
nuevo el hecho de que en algunos ámbitos se cuestione el modelo actual de
recurso residencial para la protección de menores (recursos que acogen 8
menores, con profesionales titulados, en contextos integradores, con una
gestión del recurso absolutamente normalizada, y con acceso a recursos
sanitarios, educativos públicos). Desde hace tiempo vienen estando en el punto
de mira, con discursos sentenciosos en cuanto al fracaso de este modelo, con
argumentos como falta de eficiencia de estos recursos y complicaciones sociales
añadidas como alta conflictividad, necesidad de intervenciones policiales y
sanitarias, etc.
Podríamos hacer
referencia a la legislación vigente en esta materia, o a la base bibliográfica
sobre la evolución histórica de este modelo, pero prefiero centrarme en el
momento actual, ya gestado desde hace tiempo, y que sólo necesitaba una crítica
situación económica para llevarse por delante muchos años de experiencia, de
evolución y de aprendizaje.
Los recursos
residenciales que acogen menores tutelados han evolucionado al modelo actual,
desde la confirmación del fracaso en el modelo previo (institucionalizador,
contenedor, y con escasas funciones de saneamiento y reparación), y en este
momento podemos asegurar que también sufre una crisis, y no económica. No vamos
a negar que este modelo actual necesita importantes ajustes y mejoras, pero en
ningún caso deben hacerse desde una premisa económica, entre otros motivos
porque la crisis o necesidades de este modelo son técnicas.
En términos económicos
me atrevo a decir que el modelo actual puede resultar incluso más económico a
largo plazo, por supuesto si cumple adecuadamente las funciones de saneamiento
y reparación de los daños que arrastran los menores atendidos.
Es evidente que las
condiciones económicas actuales no son óptimas,
y pueden condicionar en parte algunas deficiencias del sistema, pero en ningún
caso justifican todas aquellas carencias de la atención residencial actual en
los centros de protección.
Respecto de estas
carencias, todos somos responsables, en mayor y menor medida, en función de las responsabilidades y funciones
que asumimos, y entre todos debemos definir y poner en marcha estos cambios tan
necesarios que el modelo actual de acogimiento residencial necesita.
Reitero igualmente la
necesidad de revisar el modelo actual, detectando sus verdaderas necesidades y
ofreciendo respuestas adecuadas, pero sin vulnerar el modelo actual, estando
absolutamente convencida de su eficiencia y garantía de los derechos de los
menores si no mostramos miedo ni pereza a esos cambios.
En la situación
actual, todos los agentes y profesionales implicados debemos hacer este
ejercicio y puesta en común, y desde luego buscar soluciones conjuntas
ajustadas a las necesidades de los menores, no a las de las instituciones
públicas y privadas que ejercen la protección de los menores. Y no hablamos
sólo de aquellos profesionales que ejercen la tutela o guarda de estos menores,
sino de profesionales del ámbito sanitario, educativo, judicial, que tan
importantes son en el itinerario individualizado de protección de los menores.
Por lo que a nosotros
respecta, y en calidad de guardadores legales de estos menores, necesitamos el
reconocimiento como tal, en términos de obligaciones y responsabilidades, pero
también en términos de derechos. Debemos abandonar el concepto de cuidador,
externa e internamente, porque sólo desde la absoluta profesionalización del
acogimiento residencial podremos garantizar los derechos de los menores.
Agustina
Rodríguez Gómez
Coordinadora Programa de Acogimiento Residencial de CastillaLa Mancha
Coordinadora Programa de Acogimiento Residencial de Castilla
Asociación para la
Integración del Menor PAIDEIA - Paidea ONG
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