viernes, 1 de junio de 2012

La crisis en el acogimiento residencial de menores

Corren malos tiempos para el acogimiento residencial de menores tutelados por la administración pública competente en esta materia. Y atravesamos un mal momento no sólo por la situación económica que tan gravemente nos está afectando en la actualidad, y nos está condenando parte del futuro, sino también por los cambios que esta crisis económica puede determinar en la gestión de los recursos residenciales para la protección de menores tutelados.

Escribo en calidad de Directora de un Proyecto de Acogimiento Residencial que acoge un total de 89 menores en Castilla La Mancha, pero sobre todo escribo en nombre de una entidad que lleva 25 años gestionado recursos residenciales con el objetivo de proteger a esos menores. Precisamente nuestra entidad fue una de las primeras en gestionar pequeños hogares como alternativa a las grandes residencias de la época.

Desde luego no es nuevo el hecho de que en algunos ámbitos se cuestione el modelo actual de recurso residencial para la protección de menores (recursos que acogen 8 menores, con profesionales titulados, en contextos integradores, con una gestión del recurso absolutamente normalizada, y con acceso a recursos sanitarios, educativos públicos). Desde hace tiempo vienen estando en el punto de mira, con discursos sentenciosos en cuanto al fracaso de este modelo, con argumentos como falta de eficiencia de estos recursos y complicaciones sociales añadidas como alta conflictividad, necesidad de intervenciones policiales y sanitarias, etc.

Podríamos hacer referencia a la legislación vigente en esta materia, o a la base bibliográfica sobre la evolución histórica de este modelo, pero prefiero centrarme en el momento actual, ya gestado desde hace tiempo, y que sólo necesitaba una crítica situación económica para llevarse por delante muchos años de experiencia, de evolución y de aprendizaje.

Los recursos residenciales que acogen menores tutelados han evolucionado al modelo actual, desde la confirmación del fracaso en el modelo previo (institucionalizador, contenedor, y con escasas funciones de saneamiento y reparación), y en este momento podemos asegurar que también sufre una crisis, y no económica. No vamos a negar que este modelo actual necesita importantes ajustes y mejoras, pero en ningún caso deben hacerse desde una premisa económica, entre otros motivos porque la crisis o necesidades de este modelo son técnicas.

En términos económicos me atrevo a decir que el modelo actual puede resultar incluso más económico a largo plazo, por supuesto si cumple adecuadamente las funciones de saneamiento y reparación de los daños que arrastran los menores atendidos.

Es evidente que las condiciones económicas actuales  no son óptimas, y pueden condicionar en parte algunas deficiencias del sistema, pero en ningún caso justifican todas aquellas carencias de la atención residencial actual en los centros de protección.

Respecto de estas carencias, todos somos responsables, en mayor y menor medida,  en función de las responsabilidades y funciones que asumimos, y entre todos debemos definir y poner en marcha estos cambios tan necesarios que el modelo actual de acogimiento residencial necesita.

Reitero igualmente la necesidad de revisar el modelo actual, detectando sus verdaderas necesidades y ofreciendo respuestas adecuadas, pero sin vulnerar el modelo actual, estando absolutamente convencida de su eficiencia y garantía de los derechos de los menores si no mostramos miedo ni pereza a esos cambios.

En la situación actual, todos los agentes y profesionales implicados debemos hacer este ejercicio y puesta en común, y desde luego buscar soluciones conjuntas ajustadas a las necesidades de los menores, no a las de las instituciones públicas y privadas que ejercen la protección de los menores. Y no hablamos sólo de aquellos profesionales que ejercen la tutela o guarda de estos menores, sino de profesionales del ámbito sanitario, educativo, judicial, que tan importantes son en el itinerario individualizado de protección de los menores.

Por lo que a nosotros respecta, y en calidad de guardadores legales de estos menores, necesitamos el reconocimiento como tal, en términos de obligaciones y responsabilidades, pero también en términos de derechos. Debemos abandonar el concepto de cuidador, externa e internamente, porque sólo desde la absoluta profesionalización del acogimiento residencial podremos garantizar los derechos de los menores.


Agustina Rodríguez Gómez
Coordinadora Programa de Acogimiento Residencial de Castilla La Mancha

Asociación para la Integración del Menor PAIDEIA - Paidea ONG

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